jueves, 21 de enero de 2010

Chuletas en la Hispalense


Chuletas en la Universidad de Sevilla o el enésimo capítulo de cómo minar la autoridad del profesorado. En rigor, este descrédito de la autoritas es transversal a cualquier institución, no sólo la universitaria, desde la leyenda nebulosa del mayo francés de 1968. La justificación de aquellas barricadas parece amparar cualquier barrilada de hoy. Si entonces hubo motivos para la rebelión, cualquier jovencito actual cree tener la razón de su parte para disfrazarse de rebelde, aunque sea sin causa. Y como en el catálogo falaz de lo políticamente correcto no se encuentran los conceptos de jerarquía ni de deberes, sino –por sobredosis– los de igualdad y derechos, cualquier disparate contra el sentido común cree ser bien recibido por la sociedad. A veces, estos disparates llevan inoculada una dosis tan potente de surrealismo que no cuelan. Y eso es lo que ha ocurrido con la sorprendente Normativa Reguladora de la Evaluación y Calificación de las Asignaturas de la Universidad de Sevilla al anunciarse la "iniciativa pionera" de que a los alumnos que copien en los exámenes hay que garantizarles su derecho a terminar la prueba. Al igual que "derecho", también "pionero/a" se encuentra en el catálogo antes referido.

La aparente intención de quienes han pensado en este magnífico progreso hacia la democratización de las aulas es evitar sospechas infundadas de los profesores que acusen a alumnos de copiar sin que éstos hayan roto un plato, los pobrecitos. De todos es sabido que una manía profesoral muy extendida es ver copiones donde sólo hay aplicados estudiantes que miran hacia los cuatro puntos cardinales por sana curiosidad. De modo que, en lo sucesivo, si un profesor cree haber pillado a un alumno copiando deberá demostrarlo por activa y por pasiva, frente a una comisión de docencia en la que tendrá que vérselas con colegas expertos en
copieteo y con responsables compañeros del alumno acusado que testificarán objetivamente. De esta manera, el profesor se lo pensará dos veces, o tres, antes de levantar falso testimonio.

Al margen de ironías, la propuesta de la Universidad hispalense es peligrosa por varios motivos: porque parte de un falso concepto de democracia que no reconoce jerarquía alguna, como si en el sistema político que así se denomina y que nos rige hoy por fortuna no existieran escalafones y representaciones de los ciudadanos en los órganos pertinentes, y termina equiparando el estatus del profesor (autoridad magistral y académica) con el estatus del alumno (aspirante al conocimiento impartido); porque pone en entredicho, por sistema, la palabra del profesor frente al alumno que no reconocerá, también por sistema, su trampa; porque solamente el profesor, y no el alumno, encuentra trabas en este mecanismo de resolución del conflicto, por lo que el estudiante que no haya estudiado nada podrá presentarse al examen con nada que perder y posiblemente algo que ganar; y porque, en última instancia, se empuja al profesor, trabajador al fin y al cabo, a hacerse el sordo y el ciego ante situaciones de este calado dado que su sueldo seguirá siendo el mismo mientras se ahorra incomodidades. De ahí a la catástrofe definitiva del sistema educativo hay solo un paso.


Al menos el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha dado en la clave con dos frases ajustadas: "El que copia no es un ciudadano respetable" y "hemos mandado un mensaje equivocado". Es decir, el que hace trampa no es respetable y, por tanto, tampoco podrá esperar ninguna garantía de sus derechos en el proceso que ha trampeado. Es, salvando las distancias, como si alguien con un cuchillo para cortar jamón acaba matando a quien tiene a su lado y hubiera que garantizar su derecho a terminar de cortar las lonchas antes de detenerlo inmediatamente.

El problema de fondo es que la Universidad de Sevilla demuestra no confiar en la palabra de su profesorado, por lo que prefiere garantizar a toda costa los derechos del presunto copión y dilucidar luego si tenía más razón el profesor o el alumno. Esta ultragarantía de los derechos nos está llevando a la imbecilidad de acabar derrotados por los burócratas incluso cuando pillamos a los sinvergüenzas
in fraganti. Víctimas de esta imbecilidad generalizada, seremos –o somos ya– en última instancia los padres, esos padres blandiblú de los que hablan por ahí con más resignación que soluciones.

  • Este artículo se publica asimismo en el nº 1.992 del semanario Cambio16.

2 comentarios:

José Romero dijo...

Genial el artículo, Álvaro. La cuestión no puede ser más absurda, y deja a la Universidad de Sevilla en un lugar privilegiado para la mofa. Habría que preguntarse de quién parte la iniciativa y quiénes han sido los profesores que la han apoyado. ¿No hay asuntos más importantes que recoger en unos estatutos universitarios? ¿O, quizás, lo que conviene es bajar el listón académico para que se mantenga el número de matriculaciones?
En fin, salud y saludos.

Álvaro Romero Bernal dijo...

Tus preguntas son muy oportunas. Si además de imbecilidad, resulta que en todo esto hay un trasfondo de interés económico es para rebelarse ya en la calle, a gritos. Es la capitalización de la enseñanza, es decir, el interés primordial de conseguir matriculaciones, o sea, como en la privada. Espero que nos equivoquemos.