Cuentan los viejos, de cuando eran churumbeles de familias numerosas, numerosas de las de antes, o sea, de las de verdad, que siempre había uno en casa más débil, más delgadito, con carnes más flacas y peores pelos al que no sólo la mamá le tenía reservado el mejor bocado. "Esto, para mi José, que es el más endeblito". Y aquel crío al que la naturaleza había marginado, de momento -porque luego daba el estirón y al chiquillo ya no lo conocía ni la madre que lo parió-, se llevaba el trocito más magro de carne, la fruta más en su punto y hasta la onza de chocolate que no había para los demás. Y todo eso porque las mamás y los papás del mundo están para contravenir la ley natural, o sea, la ley del más fuerte, que dijo Darwin.
Los gobiernos en Democracia, especialmente los socialdemócratas, adquirieron gustosos el sobrenombre metafórico de Papá Estado, tal vez porque su proceder se aproximaba al de los papás que mimaban especialmente al que más lo necesitaba. Pero está claro que eso ha sido en tiempos de bonanza, que es cuando es más fácil ser solidario, comprensivo y generoso. Ahora que la crisis sigue deparándonos latigazos insospechados; ahora que la lista del paro tiende a más infinito; ahora que hay millones de parados sin esperanza y de empresarios con la cabeza bajo el ala; ahora, digo, se mima a la banca. ¡El mundo al revés! Tal vez porque la dichosa crisis lo ha puesto todo boca abajo, en vez de primar más que nunca la lógica de la protección, priman aquellas enigmáticas palabras evangélicas que rezaban: "Al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene...".
El gobierno da palos de ciego, decíamos hace semanas, pero es que esto clama al cielo de los ciegos que no quieren ver. ¿Cómo es posible que el Gobierno -el nuestro, y no ha sido el único- inyectara a la banca hace poco más de un año casi 100.000 millones de euros con la ingenua intención -sin compromiso por escrito- de que el dinero pudiera volver a fluir en una sociedad aletargada y ahora prohíba a los ayuntamientos pedir crédito a esa banca que el Ejecutivo rescató? Hace tan sólo unos meses se criticaba a los bancos porque no daban crédito -para hipotecas, para que miles de empresas pudieran funcionar- a pesar del rescate público del que habían gozado después de que ellos habían iniciado precisamente esta crisis galopante. Esa crítica pululaba no sólo por los bares sino por el Congreso de los Diputados.
Pues bien, en medio de la tormenta deficitaria a la que el Gobierno no sabe ya cómo hacer frente sino cargándose toda su política socialista de la A a la Z, aprovechando incluso el dinero de los viejecitos que lo cotizaron con el sudor de su frente tanto tiempo ha, se deja caer ahora con un decretazo que puso en jaque a los consistorios de todo el país: la prohibición de pedir crédito a los bancos hasta 2012, es decir, durante el período que se sigue previendo más angustioso de la crisis que no nos quitamos de encima. Los ayuntamientos se pusieron de urgencia a pedir crédito antes de que el decreto entrara en vigor. Al amanecer, este Gobierno del donde dije digo digo diego rectificó para empeorarlo todo aún ḿas y sentenció que su decreto no entraría en vigor al día siguiente, como la bajada del sueldo de los funcionarios -por ejemplo-, sino el año que viene, o sea, que tienen los ayuntamientos todavía siete meses para endeudarse hasta las cejas, para prevenir la época de las vacas flacas del crédito.
¿Qué sentido tiene todo esto? Ninguno. Es el laberinto sintomático de la desesperación. Hay ayuntamientos, muchos ayuntamientos, que dependen del crédito no ya para sus escasas inversiones u obras y servicios, sino para pagar las nóminas de sus trabajadores. Si se les prohíbe por decreto depender de tales créditos se les condenará a condenar a su vez a la desidia a sus municipios. Si ahora se retira la medida para anunciar que entrará en vigor el primero de enero, se está incitando claramente a que pidan ahora todo lo que puedan, con cuyo exagerado alegato y cuya exagerada necesidad se estará ahondando en una de las claves de la crisis actual: el ansia financiera por encima de las posibilidades reales.
Y, por encima de todo, se les está haciendo un gran favor a los bancos, pues, después de haberles ayudado a salir de la crisis -son los únicos que ya están recuperados-, se les está barriendo gratuitamente a quienes sus responsables consideran limosneros de crédito. Es como si el Gobierno dijera: "Hemos salvado a los bancos; pues a partir de ahora, que ningún ayuntamiento vaya a molestarlos". ¿Quién puede entender esto?
Los gobiernos en Democracia, especialmente los socialdemócratas, adquirieron gustosos el sobrenombre metafórico de Papá Estado, tal vez porque su proceder se aproximaba al de los papás que mimaban especialmente al que más lo necesitaba. Pero está claro que eso ha sido en tiempos de bonanza, que es cuando es más fácil ser solidario, comprensivo y generoso. Ahora que la crisis sigue deparándonos latigazos insospechados; ahora que la lista del paro tiende a más infinito; ahora que hay millones de parados sin esperanza y de empresarios con la cabeza bajo el ala; ahora, digo, se mima a la banca. ¡El mundo al revés! Tal vez porque la dichosa crisis lo ha puesto todo boca abajo, en vez de primar más que nunca la lógica de la protección, priman aquellas enigmáticas palabras evangélicas que rezaban: "Al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene...".
El gobierno da palos de ciego, decíamos hace semanas, pero es que esto clama al cielo de los ciegos que no quieren ver. ¿Cómo es posible que el Gobierno -el nuestro, y no ha sido el único- inyectara a la banca hace poco más de un año casi 100.000 millones de euros con la ingenua intención -sin compromiso por escrito- de que el dinero pudiera volver a fluir en una sociedad aletargada y ahora prohíba a los ayuntamientos pedir crédito a esa banca que el Ejecutivo rescató? Hace tan sólo unos meses se criticaba a los bancos porque no daban crédito -para hipotecas, para que miles de empresas pudieran funcionar- a pesar del rescate público del que habían gozado después de que ellos habían iniciado precisamente esta crisis galopante. Esa crítica pululaba no sólo por los bares sino por el Congreso de los Diputados.
Pues bien, en medio de la tormenta deficitaria a la que el Gobierno no sabe ya cómo hacer frente sino cargándose toda su política socialista de la A a la Z, aprovechando incluso el dinero de los viejecitos que lo cotizaron con el sudor de su frente tanto tiempo ha, se deja caer ahora con un decretazo que puso en jaque a los consistorios de todo el país: la prohibición de pedir crédito a los bancos hasta 2012, es decir, durante el período que se sigue previendo más angustioso de la crisis que no nos quitamos de encima. Los ayuntamientos se pusieron de urgencia a pedir crédito antes de que el decreto entrara en vigor. Al amanecer, este Gobierno del donde dije digo digo diego rectificó para empeorarlo todo aún ḿas y sentenció que su decreto no entraría en vigor al día siguiente, como la bajada del sueldo de los funcionarios -por ejemplo-, sino el año que viene, o sea, que tienen los ayuntamientos todavía siete meses para endeudarse hasta las cejas, para prevenir la época de las vacas flacas del crédito.
¿Qué sentido tiene todo esto? Ninguno. Es el laberinto sintomático de la desesperación. Hay ayuntamientos, muchos ayuntamientos, que dependen del crédito no ya para sus escasas inversiones u obras y servicios, sino para pagar las nóminas de sus trabajadores. Si se les prohíbe por decreto depender de tales créditos se les condenará a condenar a su vez a la desidia a sus municipios. Si ahora se retira la medida para anunciar que entrará en vigor el primero de enero, se está incitando claramente a que pidan ahora todo lo que puedan, con cuyo exagerado alegato y cuya exagerada necesidad se estará ahondando en una de las claves de la crisis actual: el ansia financiera por encima de las posibilidades reales.
Y, por encima de todo, se les está haciendo un gran favor a los bancos, pues, después de haberles ayudado a salir de la crisis -son los únicos que ya están recuperados-, se les está barriendo gratuitamente a quienes sus responsables consideran limosneros de crédito. Es como si el Gobierno dijera: "Hemos salvado a los bancos; pues a partir de ahora, que ningún ayuntamiento vaya a molestarlos". ¿Quién puede entender esto?
- Este artículo lo publica también el semanario Cambio16 en su nº 2.009