El caso Mari Luz no sólo ha dado para rellenar informativos, magazines y páginas de periódicos durante años, sino macabras inspiraciones para películas de toda calaña y guión. Tiene gustosos condimentos: una familia gitana, un barrio andaluz y decadente, un pederasta con carita televisiva, una niña muy guapa, un abuelo en su papel, una madre desmayada, un padre guerrillero y un sistema judicial como el de las novelas de corruptela cutre. Por encima de todo, está la tragedia -hay una niña que baila en un vídeo y que sonríe en una foto, pero que no volverá jamás, aunque cueste escribirlo. Y más por encima aún, está el público.
El público, la gente, nosotros, los que vemos pasar el noticiario y nos emocionamos o cabreamos más o menos, necesitamos un culpable de todo esto, un chivo (o chiva) expiatorio que nos sirva en nuestra conciencia colectiva como cremita suavizante. Por eso nuestro sistema de tres poderes ilegalmente interconectados llevan meses intentado satisfacernos. Pero cada vez que van a dar con la tecla meten la pata bien metida.
En el fondo del asunto, el juez Rafael Tirado que debió haber encarcelado al presunto pederasta y asesino Santiago del Valle por abusos a su propia hija, se rebela ahora contra la multa impuesta por el Consejo General del Poder Judicial de 1.502 euros. Tiene gracia el pico de dos euritos. Tirado fue negligente en el incumplimiento de su propia sentencia (dos años y nueve meses de cárcel) y Del Valle se paseó por media España como Pedro por su casa. Pero el juez se defiende como gato panza arriba y dice no tener la culpa de nada. Sus colegas, que sienten la furia popular en sus cogotes con toga y sin ella, han impuesto una cantidad de risa hasta para los mileuristas, pero el juez no puede aceptarla porque sería reconocer su mala diligencia y su miseria al soltar la pasta y correr. Así que tiene que seguir sosteniendo su carita (durita) de no haber roto un plato.
El Gobierno, por otro lado, que no debe inmiscuirse en asuntos judiciales pero estaba deseando poner una vela en el entierro para que el pueblo viera su campechanería de políticos sufridores a pie de calle, ha pedido penas contundentes para el juez Tirado, pero ha sido como tirar chinitas en el lago. De modo que cuando ha tenido la oportunidad de castigar a alguien de su obra, de su Ministerio de Justicia, donde sí pone velas (aunque no dinero ni soluciones), ha ido a por todas. Me refiero, claro está, a la secretaria de Justicia, una funcionaria, para la que el fiscal pedía en todo caso seis meses de suspensión de empleo y sueldo. Al Gobierno, patrón feroz, le ha parecido poco y le ha echado dos años. Con el juez no podremos, porque depende del Poder Judicial, pero con esta secretaria nos vamos a hartar. Para que la gente vea.
Y lo que la gente ve es que la división de poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) está vigente en casos de dar el pego como éste, para aplacar la sed de sangre de tanto borrego suelto, pero no en los casos fundamentales de trascendentes nombramientos. Ahí está el cándido Carlos Dívar presidiendo el Consejo General del Poder Judicial -que ha sido tan benévolo con Tirado- y el Tribunal Supremo, por consenso entre los principales partidos políticos -o más bien entre sus principales líderes. Ahí sí se pacta bajo cuerda y en sumarísimo y sacrosanto secreto.
Comprendemos que a la secretaria le hayan caído dos años de suspensión de empleo y sueldo y al juez tan sólo un pellizquito de su monumental salario porque tienen patrones distintos, y en el segundo caso valen todavía las bulas. Y ya se sabe que hay jefes muy cabrones. Pero es que en este caso el juego del jefe se ha convertido en el juego de Wally, de dónde está Wally, ¿se acuerdan?
- Con distinto título, este artículo lo publico también en el número 1.925 del semanario Cambio16.
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