Uno de los logros de la legislatura de Rodríguez Zapatero que está a punto de terminar (y de renovarse o morir) ha sido la llamada Ley de Depedencia, por la que muchos ciudadanos con familiares enfermos a su cargo reciben una subvención que no sólo les ayuda a hacer frente a los múltiples gastos que una situación así genera, sino que les sube la autoestima después de años en la sombra crónica y anónima del hogar. Hay personas verdaderamente sacrificadas por atender a un familiar que no puede valerse por sí mismo. Miles de personas en toda España que no han tenido más derecho, hasta ahora, que el de seguir aguantando bajo una losa de rutina sin luz. Y esta situación un tanto amarga nos puede sobrevenir cualquier día a cualquiera de nosotros. De modo que se trata de un problema de interés general.
La ley de ZP, por tanto, es apludible desde el momento en que se presenta como un indicio más de que vivimos en una sociedad humanizada o por lo menos con interés por serlo. Sin embargo, como todo invento humano, tiene sus fallos. El primero es que la aplicación de la ley, y por tanto la distribución de las ayudas, depende de la gestión que haga cada comunidad autónoma, y así nos encontramos con comunidades como Navarra que empezaron a dar las ayudas hace casi un año y con comunidades como Canarias o Valencia que todavía parecen no haberse enterado de la película o que siguen peleándose con el gobierno central. Son lamentables tanto la incompetencia administrativa como el desconocimiento por parte de los políticos de que son, rigurosamente, servidores de los ciudadanos y nada más; no personajes mediáticos dedicados a la batalla dialéctica sin fin.
El otro fallo de la ley es la falta de lógica; ya es sobradamente conocido eso de que el sentido común es el menos común de los sentidos. La ley parece aplicarse con considerable buen criterio a las personas con patologías de dependecia motora, pero no es así en los casos de patologías mentales, de manera que apenas un 35% de los españoles con enfermedades mentales se pueden beneficiar de esta ley. Lo denuncian la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental (FEPSM) y la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAPES). Y es que la aplicación de la ley depende de unos señores que son los valoradores de la situación en cuestión que se limitan a pasar un test (¡maldita época de los test!). En función de la puntuación que se saque a partir de una serie de preguntas, el baremo, que se aplica desde abril de 2007, será más o menos favorable al solicitante. El problema es que el baremo está indicado sobre todo para patologías motoras y no mentales, ¡como si el verdadero motor de la máquina corporal no fuese la mente!
A estas alturas de conocimiento psicológico y psiquiátrico es inaceptable que dependamos para la ley de dependencia de un valorador que nos pasa un test, es decir, de un trabajador que dilucida si el paciente es más o menos merecedor de una ayuda en función de lo visible. Ya sabemos que las enfermedades que no son tan obvias, tan elementales o evidentes son peores incluso. Así que habrá que cambiar, fundamentalmente, el criterio de la visibilidad y de la cantidad de ítems que el solicitante acierta en el test por un criterio verdaderamente científico y cualitativo que se acerque más a la justicia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario